(CNNMéxico) — El senado argentino votará este miércoles el polémico
proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la
empresa española Repsol, lo que ha generado diferencias diplomáticas entre
Argentina y España.
De
ser votado a favor el proyecto de ley, el próximo jueves 3 de mayo podría
convertirse en ley al llegar a manos de los diputados.
Se
espera que la votación, que tendrá lugar por la mañana de este miércoles, cuente
con 67 votos a favor por cuatro en contra y una abstención, afirma el diario
argentino el Clarín.
Con
ello, el Estado argentino regularía toda la actividad de los hidrocarburos ya
que los consideraría un “recurso estratégico” de “interés público nacional y
objetivo prioritario” para la nación sudamericana.
Ante
esta medida impulsada por la presidente argentina Cristina Fernández, el
gobierno español le ha planteado a sus socios de la Unión Europea , una
serie de medidas represivas en contra de la nación latinoamericana.
“Lo
mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del
diálogo", indicó José Manuel García-Margallo, ministro español de
Exteriores.
El
gobierno español ha dicho que respeta la soberanía de Argentina; sin embargo,
ha solicitado una compensación adecuada para Repsol y el cumplimiento de los
cauces legales por la expropiación.
Argentina
se ha negado a pagar los 10.000 millones de dólares que Antonio Brufau,
presidente de Repsol, reclama en compensación por las acciones que le serán
expropiadas al grupo.
Sin
embargo, la indemnización será de “cero pesos” luego de que el Tribunal de
Tasación establezca el precio de la compañía, tal como fija el proyecto de ley,
dijo Axel Kicillof, viceministro de Economía, a la presidenta Cristina
Fernández según el diario bonaerense La Nación.
La
petrolera YPF, filial de Repsol, fue privatizada en 1999 durante el gobierno de
Carlos Saúl Menem y se convirtió en una de las grandes compañías petroleras del
mundo. Los políticos argentinos buscan recuperarla porque argumentan que no
beneficia al país desde la privatización.
Mientras
que en 2004 se exportaban 6.000 millones de dólares en combustibles y se
importaba por 1,000 millones de dólares, en 2011 el país mantuvo las exportaciones,
pero con importaciones valoradas en 9.000 millones de dólares, lo que implicó
un déficit externo de 3.000 millones de dólares en el rubro.
En
caso de que Repsol perdiera YPF, se vería amenazada el 60% de su producción y
un 20% de sus activos.
Comentario a la nota:
La
presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner justificó su decisión
de nacionalizar la empresa petrolera YPF, y citó su admiración por Petrobras,
el gigante paraestatal de petróleo brasileño, y otras empresas estatales de petróleo
en América Latina, provocando una disputa diplomática con España y tensión con la Unión Europea.
El
argumento que utilizó la
Presidenta de Argentina para justificar la nacionalización
fue que “es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y
petróleo”. Fernández marcó como único responsable del déficit energético a
Repsol-YPF, que solo explota un tercio de los hidrocarburos producidos en el
país. “Proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no
exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas
empresariales y no por recursos”.
Fernández
usó una de las grandes palabras mágicas que se pueden usar en Argentina:
“soberanía” energética nacional.
La
nacionalización petrolera, que llega después de otras que tienen que ver con
una aerolínea y los fondos de pensión, tiene sus detractores en Buenos Aires.
No obstante, las nacionalizaciones alcanzan resonancia en un país donde
persisten fuertes sentimientos con respecto a las privatizaciones llevadas a
cabo bajo las políticas de economía liberal de los años 90´s, que precedieron a
una caótica crisis económica al comienzo de la década pasada.
El Gobierno argentino busca declarar la empresa de "interés público" para, acorde a
Esta
Ley busca dar sustento legal a la actuación de la Presidenta de
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ya que en ella se establece la
utilidad pública como fundamento legal a la expropiación y comprende todos los
casos en que se procure la satisfacción del bien común.
La
declaración de utilidad pública comprende no solamente los bienes que sean necesarios
para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable
utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o
financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas
estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que
motivó la declaración de utilidad pública.
Es
de esta manera que el Gobierno argentino busca fundamentar su decisión de
nacionalizar la empresa petrolera YPF a nombre del Estado
Nacional, a través acto administrativo fundado en ley.
Ahora
bien, para llegar a la expropiación es necesario un trámite legal que garantice
el debido proceso que tutela los derechos del expropiado y que comienza con una
declaración del Congreso de la República. Por ende, aún la Presidenta de Argentina con su anuncio no ha
expropiado nada, es decir, solo ha presentado un proyecto de ley para
expropiar.
Una
expropiación es definida como un acto de derecho público, mediante el cual el
Estado, para el cumplimiento de su fin, priva coactivamente de la propiedad de
un bien al titular del derecho sobre él, siguiendo un determinado trámite y
pagando una previa indemnización en dinero.
En
este sentido, estamos frente a un acto del Ejecutivo que busca limitar el derecho de propiedad. El fundamento
constitucional de la expropiación es el artículo 17 de la Constitución
Argentina
Como
vemos, la declaración de utilidad pública es el presupuesto jurídico esencial
para la expropiación. Sin ella es imposible. Y es atribución excluyente del
Poder Legislativo, jamás puede hacerla el Ejecutivo.
Además,
como garantía del derecho de propiedad existe todo un trámite expropiatorio,
que puede ser administrativo (extrajudicial) o judicial. El primero también se
llama avenimiento y tiene lugar cuando el expropiante (el Estado) ofrece al
expropiado el valor fijado por los organismos técnicos competentes, que en el
caso de YPF será el Tribunal de Tasaciones de la Nación (art. 10 y cc. Ley
21.499). Por esta razón la
Presidenta no habló de “precio” en su mensaje de presentación
(como reclamaban en el Gobierno español) aun no ha sido establecido el monto de
la indemnización y existe todo un procedimiento con múltiples garantías para
fijarlo. Si hay acuerdo en este monto, la expropiación se perfecciona a través
de un decreto que aprueba el mismo y se transfiere el dominio del bien
expropiado al expropiante.
En
cambio, si no hay avenimiento, el expropiante debe promover ante el Poder
Judicial la acción de expropiación. Es decir, la decisión final la toman los
tribunales, después de un juicio. Y no así el Poder Ejecutivo.
Como
vemos, en este anuncio del Ejecutivo en Argentina, se esta cuidando el debido
proceso para que exista seguridad
jurídica y que el procedimiento iniciado por la Presidenta Cristina
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