Los
dos ministros responsables de la lucha antisubversiva y contra el narcotráfico
en Perú presentaron su renuncia tras fuerte críticas a sus gestiones y la
presión de la oposición para que dejaran sus cargos, dijo el miércoles el
Gobierno y fuentes legislativas.
Los ministros de Defensa, Alberto Otárola, y del Interior, Daniel Lozada, iban a enfrentar entre el jueves y el sábado la censura de sus cargos en el Congreso.
La renuncia de los ministros fue solicitada por la oposición tras la muerte de hasta nueve policías y militares los últimos días, luego de enfrentamientos contra remanentes del grupo rebelde Sendero Luminoso, que puso en jaque al Gobierno con el secuestro en abril de 36 trabajadores de firmas petroleras.
Comentario a la nota:
Luis
Villoro nos plantea la necesidad de reflexionar sobre las sociedades donde aún
no se funda sólidamente la democracia, donde reina la desigualdad y la mayoría
son expulsados de los beneficios sociales y políticos de la sociedad a la que
pertenecen.
En
esta nota periodística vemos claramente que en aquellas sociedades incapaces de
instaurar una justicia social a partir de un interés general, se alejan de
aquellas reivindicaciones históricas y de las normas de la conducta ética de parte
de la clase gobernante. Esto profundiza la exclusión e impide la
universalización racional de una mayor justicia y del derecho de las libertades
de los individuos.
Sousa
Boaventura nos recuerda que cuando los ciudadanos son capaces de convertir un
reclamo en una discusión jurídica, se logra evitar los conflictos de la
discriminación jurídica, y que solo con el acceso real, sensato, efectivo y
participativo a la justicia equitativa e igualitaria para todas las clases
sociales, se contribuirá a reducir las inconformidades de la población y, desde
luego, los movimientos desordenados y violentos en la sociedad.
Considero
que la renuncia de los dos ministros solo será un paliativo al conflicto social
en el Perú. Luis Vigo nos habla de la importancia de generar soluciones
vinculantes entre ciudadanos y los órganos del Estado sobre los diversos temas
de gobernabilidad, ya que solo así es posible la democracia de todo Estado,
pero sobre todo, legitimar cualquier acto por el bien común, evitando los malos
manejos del poder público, al tiempo de discutir con racionalidad los caminos
viables y posibles de una sociedad democrática que se fundamente en el principio de justicia.
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