lunes, 21 de mayo de 2012

El expresidente marfileño comparece ante Corte Penal Internacional



BRUSELAS, BÉLGICA (05/DIC/2011).- El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, compareció hoy por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) para enfrentar las acusaciones de crímenes contra la humanidad cometidos durante la crisis postelectoral de 2010.

Vestido con un elegante traje negro, Gbagbo apareció ante la CPI en la ciudad holandesa de La Haya tranquilo y sereno, atendiendo en todo momento a las indicaciones de la juez argentina Silvia Fernández de Gurmendi, que presidió la audiencia.

'Buenos días, señora presidenta. Le agradezco me dé la oportunidad de hacer uso de la palabra, me llamo Laurent Gbagbo, contestó el exmandatario cuando la juez le pidió que se presentase para confirmar su identidad de manera plena, según un reporte de Radio Nederland.

El exmandatario marfileño, el primer jefe de Estado entregado a la CPI, está acusado de cuatro crímenes contra la humanidad: asesinato, violación, persecución y actos inhumanos cometidos tras las elecciones del 16 de diciembre del año pasado.

La negativa de Gbagbo, de 66 años de edad, a ceder el poder a su rival Alassane Ouattara, llevó al país a un estallido de violencia que causó al menos tres mil muertos entre diciembre de 2010 y abril pasado.

En su primera comparecencia, el exmandatario de Costa de Marfil agradeció al tribunal de las Naciones Unidas la atención médica que le ha sido brindada ante los dolores que sufre en un hombro, pero se quejó de las condiciones en que fue arrestado.

'Me arrestaron el 11 de abril de 2011 bajo las bombas francesas', declaró Gbagbo, tras afirmar que no fue arrestado por las fuerzas de Ouattara, sino por el Ejército francés, en condiciones que 'no fueron tan correctas'.

'Unos cincuenta tanques franceses rodeaban la residencia (presidencial), mientras los helicópteros bombardeaban. vi. a mi ministro del Interior morir delante de mí. Vi mi hijo detenido y golpeado', subrayó el ex mandatario.

Gbagbo también aprovechó su audiencia que se prolongó por unos 25 minutos para denunciar las condiciones de su encarcelamiento, diciendo que él no podía ver el sol desde su celda, aunque insistió en que no pedía piedad a la Corte.

Además, el expresidente marfileño se quejó de que fue engañado la semana pasada, cuando fue trasladado a La Haya. 'Me dijeron que iba para Abiyán (la capital marfileña), y no. No tuvieron el valor para decirme que iría a La Haya', subrayó.

La audiencia se celebró a puerta cerrada, aunque una veintena de marfileños residentes en Holanda, Francia y Bélgica se congregaron fuera de la CPI para expresar su rechazo al juicio contra Gbagbo, que se reanudará el próximo 18 de junio.

Comentarios a la nota:

Evaluando los conceptos de Derecho y de participación ciudadana nos encontramos ante un universo de expectativas para fortalecer las estructuras del Estado democrático y pluralista. Sin embargo, en los gobiernos autoritarios del mundo donde no son capaces de lograr una sinergia con la sociedad, la democracia no puede ser el garante de la libertad.

Costa de Marfil es el típico caso de una democracia disfuncional donde no existen las estructuras que permitan concebir el principio de organización social y de ordenamiento político que permita a su vez a los gobernantes, dotar de legitimidad a sus acciones y lograr una integración eficaz de la acción gubernamental.

En este sentido, Luis Villoro nos plantea la necesidad de reflexionar sobre las sociedades donde aún no se funda sólidamente la democracia, donde reina la desigualdad y la mayoría son expulsados de los beneficios sociales y políticos de la sociedad a la que pertenecen. Aquellas sociedades incapaces de instaurar una justicia social a partir de un interés general, se alejan de aquellas reivindicaciones históricas y de las normas de la conducta ética de parte de la clase gobernante. Esto profundiza la exclusión e impide la universalización racional de una mayor justicia y del derecho de las libertades de los individuos.

Como podemos ver el traspaso del poder es un punto de conflicto en aquellos países donde la democracia no existe, tal es el caso que nos ocupa, de ahí que se de una tensión en la convivencia entre el poder político y la ciudadanía, al tiempo de evitar la cooperación entre el Ejecutivo entrante y el saliente, así como la imposibilidad una conciencia de las injusticias existentes.

En ese sentido, podemos afirmar que cuando las disputas políticas no son capaces de convertirse en reclamos o discusiones de índole jurídica, será imposible evitar los conflictos y las inconformidades de los grupos políticos contendientes, lo que derivará necesariamente, en movimientos desordenados y violentos en la sociedad.

De ahí que la democracia y el derecho se encuentren íntimamente relacionados y no sean excluyentes uno del otro para poder formalizarse y controlar el poder en los órganos del Estado.

Queda claro que el fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, no pueden circunscribirse únicamente a las elecciones. Jürgen Habernas cuando se refiere al Estado democrático  nos plantea que la representación no basta con cederla por medio de una elección, sino más bien, que el ciudadano se involucre en las deliberaciones de orden público y por tanto políticos y, para ello, es necesario que en la política deliberativa se establezcan los procedimientos que hagan posible la interlocución bajo principios de igualdad y libertad de opinión, solo así se hace posible conseguir la operatividad de la democracia deliberativa.

En este sentido, Luis Vigo nos habla de la importancia de generar soluciones vinculantes entre ciudadanos y los órganos del Estado sobre los diversos temas de gobernabilidad, ya que solo así es posible la democracia de todo Estado, pero sobre todo, la legitimación de cualquier acto que conlleve al bien común, evitando los malos manejos del poder público, al tiempo de discutir con racionalidad los caminos viables y posibles de una sociedad democrática que se fundamente en el  principio de justicia y nos alejen a la noción de represión planteada por Michel Foucault como una noción jurídico disciplinaria.

Ahora será la Corte Penal Internacional como un mecanismo permanente de justicia internacional, la que juzgara a el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, como un individuo responsable de haber cometido crímenes graves que preocupan a la comunidad internacional como son: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.





martes, 15 de mayo de 2012

Presidente griego propone gobierno de tecnócratas para evitar elecciones



El presidente griego Carolos Papulias propuso el lunes a los partidos políticos la formación de un gobierno de notables para evitar nuevas elecciones en junio y una salida del país de la zona euro, en una jornada marcada por las presiones internacionales y el nerviosismo de los mercados.

Esta idea de un gobierno de personalidades ajenas a la política, que deberá contar con el apoyo del Parlamento, no fue rechazada de entrada y será objeto de nuevas negociaciones el martes en las que participarán todos los partidos con representación parlamentaria salvo el neonazi Amanecer Dorado.

Este gobierno fue propuesto para evitar elecciones y conformar un gobierno de coalición. Sin embargo, si no se encuentra un acuerdo para formar un gobierno antes del jueves, deberán convocarse nuevos comicios en un mes.

Los tres líderes políticos presentes dijeron que este nuevo gobierno de notables tendría como tarea flexibilizar y renegociar a largo plazo las medidas de austeridad drásticas impuestas a Grecia a cambio de la asistencia financiera de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero los líderes de la Eurozona ya dieron a entender que si Grecia no respeta escrupulosamente las condiciones del plan de rescate internacional, están preparados para dejarle salir del euro, aunque esta decisión pueda desestabilizar todo el proyecto de moneda única.

Parece estar muy claro que el tabú de una salida de Grecia de la zona euro parece haberse roto en Europa, donde se endurece el mensaje para que Atenas aplique la austeridad pese al descontento de la calle y el caos político.
Sin embargo, las elecciones legislativas griegas estuvieron marcadas por un sonoro rechazo a las medidas de austeridad.

Comentarios a la Nota:

Aquellos que consideran que la soberanía es un dogma anticuado, suelen apelar a la falta de autonomía del Estado moderno, que le obliga a cooperar institucionalmente tanto con poderes fácticos en el interior, como en sus relaciones internacionales con otros Estados.

Y si bien la Unión Europea vino a revolucionar el concepto de soberanía, la cooperación entre los países europeos no se entendería sino partimos de que el poder soberano europeo está fundado justamente en la voluntad democrática de los pueblos de los Estados miembros.

El Estado constitucional es como cualquier otro Estado, un poder político organizado y, por tanto, hacia el interior soberano. Haciendo uso del monopolio del que goza para establecer derecho obligatorio para todos aquellos que están sometidos a su autoridad a través de normas jurídicas vinculantes, cuya aplicación se impone gracias a la coercibilidad, lo que permite al Estado la legalidad para tomar facultades en todos los asuntos públicos.

Es por ello que considero importante seguir diferenciando en el Estado democrático entre Estado y sociedad, aunque sea ésta última la que otorga legitimación democrática a los órganos estatales y a las decisiones que éstos toman.

En este sentido, Pedro Cruz Villalón reflexiona sobre la relación del Estado y la sociedad, así como de la necesidad de una separación funcional que permita al Estado constituirse como una unidad de acción organizada, vinculado funcionalmente a la sociedad.

Este autor se aleja de aquellos teóricos que ven al Estado como una unidad sustancial, previa superior y externa a la sociedad, que se equivocan en el entendimiento del Estado moderno y su papel de velar por los derechos del ser humano y promover la cooperación social.

Por ello, asegura, el Estado debe constituirse en sinergia con la sociedad, originándose una pluralidad de dependencias recíprocas donde la democracia sea el garante de la libertad.

Sólo puede hablarse de una verdadera democracia, representativa y participativa, cuando la composición formal y material del sistema, guarda una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que conforman la sociedad y, les permite a todas ellas, participar en la adopción de las decisiones que le competen al Estado.

Es así que si el presidente griego Carolos Papulias y los partidos políticos no son capaces de satisfacer las expectativas del pueblo griego con la formación de un gobierno de coalición integrado por notables ajenos a la política, que cuente con el apoyo del Parlamento, y que tendrá como propósito  la renegociación a largo plazo de la deuda de Grecia y las medidas de austeridad drásticas impuestas a Grecia a cambio de la asistencia financiera de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta nueva intentona fracasará ya que las elecciones legislativas griegas estuvieron marcadas por un sonoro rechazo a las medidas de austeridad.
  
Es esta paradoja la que le brinda una importancia y relevante actualidad a la actuación del Ejecutivo con respecto a la participación ciudadana, ya que ésta aparece como un principio de organización social y de ordenamiento político en la planeación de sus acciones que ayuda a conducir la toma de decisiones del gobierno.

Para ello, conviene que el Poder Ejecutivo facilite la participación de todos los ciudadanos y, mantener sobre todo, una vinculación permanente con su partido y su electorado para alcanzar el fin democrático y una integración eficaz de la acción gubernamental que se intenta con la instauración de este nuevo Gobierno y la legitimación en la formación de la voluntad política, además de intervenir activamente en la tarea de construir la voluntad estatal y en el conjunto de las decisiones que a diario se toman en la administración pública, a fin de alcanzar el bienestar ciudadano y la preservación del propio sistema político, económico y social.

Peter Häberle afirma que el principio democrático es el elemento clave para excluir el dominio absoluto del Estado y que el ejercicio del poder sea arbitrario.

Es por ello relevante tomar en cuenta la dignidad humana como un postulado esencial al que hace alusión Peter Häberle, en el sentido en que es la Constitución la entidad receptora de los procesos culturales, misma que los desarrolla y en los que se encuentra inmersa, surgiendo entonces como el logro cultural por antonomasia, una cristalización cultural resultante de la  unión entre el pueblo y la dignidad humana, entre la razón y la libertad, entre los intereses particulares y el bien común, entre el poder y el derecho.

En el caso, de Grecia vemos una clara pugna entre la dignidad humana con respecto a las medidas de austeridad impuestas a Grecia a cambio de la asistencia financiera de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que empobrecerán  a la mayoría de los griegos.

Por tanto, la gobernabilidad es un ejercicio de cooperación y organización social, que, con inteligencia y astucia, orienta al complejo social para hacerlo corresponsable en el diseño e instrumentación de acciones sobre temas concretos y de interés público.

Por ello, la gobernabilidad debe ser capaz de llevar a la sociedad a los acuerdos básicos de convivencia entre posturas diferentes y debe al mismo tiempo, procurar espacios donde se respeten las diferencias y se construyan las grandes decisiones, en un ambiente de respeto y concordancia. Esta será la prueba de fuego para Grecia.

Es decir, si el Poder Ejecutivo  aspira a la gobernabilidad, tendrá que asumir el compromiso de modificar y enriquecer sus propias iniciativas a partir de adoptar como suyas, propuestas o decisiones ciudadanas. Ese será el mundo donde se desenvolverán los gobiernos que aspiren a la gobernabilidad democrática.


jueves, 10 de mayo de 2012

Ministros Perú dimiten por críticas en lucha rebelde.




Los dos ministros responsables de la lucha antisubversiva y contra el narcotráfico en Perú presentaron su renuncia tras fuerte críticas a sus gestiones y la presión de la oposición para que dejaran sus cargos, dijo el miércoles el Gobierno y fuentes legislativas.

Los ministros de Defensa, Alberto Otárola, y del Interior, Daniel Lozada, iban a enfrentar entre el jueves y el sábado la censura de sus cargos en el Congreso.

La renuncia de los ministros fue solicitada por la oposición tras la muerte de hasta nueve policías y militares los últimos días, luego de enfrentamientos contra remanentes del grupo rebelde Sendero Luminoso, que puso en jaque al Gobierno con el secuestro en abril de 36 trabajadores de firmas petroleras.

Comentario a la nota:

Luis Villoro nos plantea la necesidad de reflexionar sobre las sociedades donde aún no se funda sólidamente la democracia, donde reina la desigualdad y la mayoría son expulsados de los beneficios sociales y políticos de la sociedad a la que pertenecen.

En esta nota periodística vemos claramente que en aquellas sociedades incapaces de instaurar una justicia social a partir de un interés general, se alejan de aquellas reivindicaciones históricas y de las normas de la conducta ética de parte de la clase gobernante. Esto profundiza la exclusión e impide la universalización racional de una mayor justicia y del derecho de las libertades de los individuos.

Sousa Boaventura nos recuerda que cuando los ciudadanos son capaces de convertir un reclamo en una discusión jurídica, se logra evitar los conflictos de la discriminación jurídica, y que solo con el acceso real, sensato, efectivo y participativo a la justicia equitativa e igualitaria para todas las clases sociales, se contribuirá a reducir las inconformidades de la población y, desde luego, los movimientos desordenados y violentos en la sociedad.

Considero que la renuncia de los dos ministros solo será un paliativo al conflicto social en el Perú. Luis Vigo nos habla de la importancia de generar soluciones vinculantes entre ciudadanos y los órganos del Estado sobre los diversos temas de gobernabilidad, ya que solo así es posible la democracia de todo Estado, pero sobre todo, legitimar cualquier acto por el bien común, evitando los malos manejos del poder público, al tiempo de discutir con racionalidad los caminos viables y posibles de una sociedad democrática que se fundamente en el  principio de justicia.

miércoles, 2 de mayo de 2012

Francois Hollande disputará la Presidencia de Francia en una segunda ronda a Nicolás Sarkozy




París.- El socialista Francois Hollande ganó la primera vuelta de las elecciones y disputará la Presidencia de Francia en una segunda ronda al mandatario conservador Nicolás Sarkozy, según sondeos.

De acuerdo con una encuesta del Instituto TNS Sofres difundida al cierre de las oficinas de voto a las 20:00 horas locales (18:00 GMT), Hollande habría obtenido el 28.6 por ciento de los votos, y Sarkozy un 27 por ciento.

La candidata del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, habría quedado en tercer sitio al obtener el 19 por ciento de los votos según la encuesta de Sofres difundida por la televisora de mayor audiencia en Francia, la cadena privada TF1.

En cuarto lugar habría quedado el candidato comunista y de la extrema izquierda Jean-Luc Melenchon, quien habría obtenido un 10.8 por ciento, y en quinto sitio el centrista Francois Bayrou, con un 8.9 por ciento.

Todos los institutos de sondeos confirmaron la victoria de Hollande frente a Sarkozy con distintos porcentajes de voto y diferencias de entre dos y tres por ciento a favor del socialista.

Ningún jefe de Estado francés reelegido ha perdido en la historia de la V República una primera vuelta de unas elecciones presidenciales, destacaron analistas políticos.

La participación habría rondado el 81 por ciento, la segunda en importancia de las últimas décadas luego de las pasadas presidenciales de 2002, que ganó Sarkozy frente a la socialista Segolene Royal y en las que se registró una cifra récord.

Un total de 10 candidatos participaron en la primera vuelta de la contienda electoral de la que saldrá el presidente de Francia para los próximos cinco años y para la que fueron convocados más de 44.5 millones de ciudadanos.

La segunda y definitiva vuelta, de la que de confirmarse las encuestas realizadas a pie de urna sólo participarán Hollande y Sarkozy, tendrá lugar el próximo domingo 6 de mayo y la campaña oficial comenzará el viernes 27 de abril.

Todos los sondeos dan por ganador de la segunda vuelta a Hollande. El único presidente socialista de la V República ha sido Francois Mitterrand, quien dirigió Francia durante dos mandatos, entre 1981 y 1995.

En declaraciones a la prensa al ejercer su derecho a voto, el candidato socialista afirmó que el resultado de las elecciones afectará a toda Europa, cuya política económica está liderada por Alemania y Francia.

Comentarios a la nota:

La segunda vuelta electoral (Ballottage o balotaje) es el término utilizado para designar la segunda ronda de votación en las elecciones a cargos ejecutivos o legislativos.

El vocablo Balotaje, que significa elección con doble turno, o segunda vuelta. En sentido amplio, consiste en que para llegar al cargo público que corresponda es necesario obtener más de la mitad de los votos emitidos.

Esta institución nace en el siglo XIX, por primera vez en 1852 con la instauración del Segundo Imperio de Napoleón III. Luego se aplica nuevamente en la III República, y surge con gran fuerza en la V República a través de la Constitución de 1958. Es una institución electoral paradigmática del derecho electoral y constitucional francés.

En algunos países, cuando en una elección presidencial ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de los votos (por lo general mayoría absoluta), se realiza una segunda vuelta para decidir entre los dos primeros candidatos. Se trata pues de una eventual etapa del proceso de elección de una autoridad en el caso que en la primera vuelta no haya ganador con mayoría absoluta. La segunda vuelta se efectúa con las dos primeras mayorías, declarando ganador al que tenga la mayoría de los votos.

El Presidente de la República Francesa es elegido por un mandato de cinco años por medio de un escrutinio uninominal mayoritario en dos vueltas. Conforme a la modificación legislativa del 23 de julio de 2008 que limita el mandato a dos mandatos consecutivos, Nicolas Sarkozy, elegido en 2007 puede ser elegido para un nuevo mandato de 5 años. A dichas elecciones sólo se pueden presentar los ciudadanos mayores de 18 años. Los candidatos deben validar su candidatura presentando 500 "apadrinamientos" de otros cargos electos según un proceso regulado por ley.

El Consejo Constitucional es, según el artículo 58 de la Constitución, el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento del proceso, resolviendo cualquier reclamación que se plantee y proclamando los resultados.

Cabe recordar que la campaña electoral se inició el martes 20 de marzo de 2012 y concluyó el 20 de abril de 2012. La votación tuvo lugar el 22 de abril de 2012.

Después de la primera vuelta, ningún candidato superó el 50% de los votos. François Hollande del PS (28,63%) y Nicolás Sarkozy del UMP (27,18%) accedieron a la segunda vuelta por ser los dos candidatos con la mayor votación en primera vuelta.

Los candidatos Jean-Luc Mélenchon y Eva Joly han expresado públicamente que apoyarán al candidato François Hollande en la segunda vuelta.

Como vemos, el principal objetivo de la segunda vuelta es la legitimidad, a través de la búsqueda de una reducción en la cantidad de competidores y el otorgamiento de legitimidad al gobierno entrante.

En nuestro país la figura de la segunda vuelta fue establecida por las constituciones de Cádiz y de 1824. Posteriormente hemos contado con un sistema electoral a una sola vuelta.

Sin embargo, a partir de la LVII Legislatura han sido presentadas doce iniciativas proponiendo reformar el artículo 81 constitucional para establecer la segunda vuelta a nivel presidencial, incrementándose el interés en dicha figura a partir de los resultados electorales de julio de 2006.

Por otra parte, de los estados que conforman la República Mexicana, únicamente San Luis Potosí ha incluido y posteriormente derogado el mecanismo de segunda vuelta electoral para la elección de ayuntamientos.

En México es importante impulsar la reforma respectiva, debido a que ha quedado de manifiesto en la última elección presidencial los conflictos políticos que pueden generar una elección donde la ventaja del candidato ganador sobre el segundo lugar es reducida, y donde además don se alcanza la mayoría absoluta.

El poder político y la conformación de un Gobierno necesita más que nunca una mayor legitimidad, un mayor nivel de gobernabilidad, más credibilidad y confianza.

Sin embargo, considero que la figura, por sí sola, no es la solución, y que se requieren de otros esfuerzos para mejorar nuestro sistema político y para eliminar la corrupción de nuestras instituciones; la segunda vuelta sería solo un paso para lograr mejorar nuestro sistema electoral y para fortalecer un régimen político más democrático.

El senado de Argentina vota hoy proyecto de ley sobre expropiación de YPF




(CNNMéxico) — El senado argentino votará este miércoles el polémico proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la empresa española Repsol, lo que ha generado diferencias diplomáticas entre Argentina y España.

De ser votado a favor el proyecto de ley, el próximo jueves 3 de mayo podría convertirse en ley al llegar a manos de los diputados.

Se espera que la votación, que tendrá lugar por la mañana de este miércoles, cuente con 67 votos a favor por cuatro en contra y una abstención, afirma el diario argentino el Clarín.

Con ello, el Estado argentino regularía toda la actividad de los hidrocarburos ya que los consideraría un “recurso estratégico” de “interés público nacional y objetivo prioritario” para la nación sudamericana.

Ante esta medida impulsada por la presidente argentina Cristina Fernández, el gobierno español le ha planteado a sus socios de la Unión Europea, una serie de medidas represivas en contra de la nación latinoamericana.

“Lo mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del diálogo", indicó José Manuel García-Margallo, ministro español de Exteriores.

El gobierno español ha dicho que respeta la soberanía de Argentina; sin embargo, ha solicitado una compensación adecuada para Repsol y el cumplimiento de los cauces legales por la expropiación.

Argentina se ha negado a pagar los 10.000 millones de dólares que Antonio Brufau, presidente de Repsol, reclama en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo.

Sin embargo, la indemnización será de “cero pesos” luego de que el Tribunal de Tasación establezca el precio de la compañía, tal como fija el proyecto de ley, dijo Axel Kicillof, viceministro de Economía, a la presidenta Cristina Fernández según el diario bonaerense La Nación.

La petrolera YPF, filial de Repsol, fue privatizada en 1999 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y se convirtió en una de las grandes compañías petroleras del mundo. Los políticos argentinos buscan recuperarla porque argumentan que no beneficia al país desde la privatización.

Mientras que en 2004 se exportaban 6.000 millones de dólares en combustibles y se importaba por 1,000 millones de dólares, en 2011 el país mantuvo las exportaciones, pero con importaciones valoradas en 9.000 millones de dólares, lo que implicó un déficit externo de 3.000 millones de dólares en el rubro.

En caso de que Repsol perdiera YPF, se vería amenazada el 60% de su producción y un 20% de sus activos.

Comentario a la nota:

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner justificó su decisión de nacionalizar la empresa petrolera YPF, y citó su admiración por Petrobras, el gigante paraestatal de petróleo brasileño, y otras empresas estatales de petróleo en América Latina, provocando una disputa diplomática con España y tensión con la Unión Europea.

El argumento que utilizó la Presidenta de Argentina para justificar la nacionalización fue que “es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo”. Fernández marcó como único responsable del déficit energético a Repsol-YPF, que solo explota un tercio de los hidrocarburos producidos en el país. “Proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos”.

Fernández usó una de las grandes palabras mágicas que se pueden usar en Argentina: “soberanía” energética nacional.

La nacionalización petrolera, que llega después de otras que tienen que ver con una aerolínea y los fondos de pensión, tiene sus detractores en Buenos Aires. No obstante, las nacionalizaciones alcanzan resonancia en un país donde persisten fuertes sentimientos con respecto a las privatizaciones llevadas a cabo bajo las políticas de economía liberal de los años 90´s, que precedieron a una caótica crisis económica al comienzo de la década pasada. 

El Gobierno argentino busca declarar la empresa de "interés público" para, acorde a la Ley 21.499 de Expropiaciones, poder adquirir el 51% de su capital. De otro modo, tendría que lanzar una oferta de compra sobre la práctica totalidad de sus títulos.

Esta Ley busca dar sustento legal a la actuación de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ya que en ella se establece la utilidad pública como fundamento legal a la expropiación y comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común.

La declaración de utilidad pública comprende no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública.

Es de esta manera que el Gobierno argentino busca fundamentar su decisión de nacionalizar la empresa petrolera YPF a nombre del  Estado Nacional, a través acto administrativo fundado en ley.

Ahora bien, para llegar a la expropiación es necesario un trámite legal que garantice el debido proceso que tutela los derechos del expropiado y que comienza con una declaración del Congreso de la República. Por ende,  aún la Presidenta de Argentina con su anuncio no ha expropiado nada, es decir, solo ha presentado un proyecto de ley para expropiar.

Una expropiación es definida como un acto de derecho público, mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de su fin, priva coactivamente de la propiedad de un bien al titular del derecho sobre él, siguiendo un determinado trámite y pagando una previa indemnización en dinero.

En este sentido, estamos frente a un acto del Ejecutivo que busca  limitar el derecho de propiedad. El fundamento constitucional de la expropiación es el artículo 17 de la Constitución Argentina, que establece: “La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.” El mismo artículo in fine declara abolida la confiscación.

Como vemos, la declaración de utilidad pública es el presupuesto jurídico esencial para la expropiación. Sin ella es imposible. Y es atribución excluyente del Poder Legislativo, jamás puede hacerla el Ejecutivo.

Además, como garantía del derecho de propiedad existe todo un trámite expropiatorio, que puede ser administrativo (extrajudicial) o judicial. El primero también se llama avenimiento y tiene lugar cuando el expropiante (el Estado) ofrece al expropiado el valor fijado por los organismos técnicos competentes, que en el caso de YPF será el Tribunal de Tasaciones de la Nación (art. 10 y cc. Ley 21.499). Por esta razón la Presidenta no habló de “precio” en su mensaje de presentación (como reclamaban en el Gobierno español) aun no ha sido establecido el monto de la indemnización y existe todo un procedimiento con múltiples garantías para fijarlo. Si hay acuerdo en este monto, la expropiación se perfecciona a través de un decreto que aprueba el mismo y se transfiere el dominio del bien expropiado al expropiante.

En cambio, si no hay avenimiento, el expropiante debe promover ante el Poder Judicial la acción de expropiación. Es decir, la decisión final la toman los tribunales, después de un juicio.  Y no así el Poder Ejecutivo.

Como vemos, en este anuncio del Ejecutivo en Argentina, se esta cuidando el debido proceso para que exista  seguridad jurídica y que el procedimiento iniciado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea completamente legal.